Categoría: Abogados

Marco Deontológico, Independencia y Atribuciones Procesales de la Abogacía en España

El ejercicio de la abogacía en el ordenamiento jurídico de España se encuentra sometido al imperio de la ley, a la Constitución Española y al Código Deontológico de la Abogacía Española. El abogado ejerce una función social indispensable para la administración de justicia: garantizar la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (artículo 24 CE). La relación entre el letrado y su cliente es de naturaleza personalísima y fiduciaria, basada en la mutua confianza y formalizada a través del contrato de arrendamiento de servicios jurídicos, en el cual el profesional contrae una obligación procesal de medios —desplegar la debida diligencia técnica conforme a la lex artis ad hoc— y nunca una obligación de resultado.

El secreto profesional constituye un derecho y un deber irrenunciable que protege todas las confidencias y comunicaciones mantenidas entre abogado y patrocinado, no pudiendo ser vulnerado ni por requerimientos judiciales ni policiales ordinarios. Asimismo, la intervención de la defensa letrada se articula en coordinación sistemática con la procuraduría de los tribunales en aquellos órdenes jurisdiccionales donde la representación técnica es legalmente preceptiva. La adecuada elección de un letrado con dedicación acreditada en la materia sustantiva del litigio resulta determinante para la correcta formulación de excepciones procesales, la pertinencia de los medios de prueba y el éxito de los recursos jurisdiccionales.